reading

Contenido

Portada

Portadilla

Créditos

¿Y cómo es posible no saber tanto?

Introducción

Capítulo 1. El país de todas las luchas.
Tipos de confrontación y actores armados
en Colombia

Democracia y exclusión en la política colombiana

Principales actores del conflicto armado colombiano

Los grupos guerrilleros

La fuerza pública del Estado

El fenómeno paramilitar

Guerra, violencia y conflicto armado en Colombia

Guerra

Violencia

Conflicto armado

Indultos y amnistías: guerra y olvido en Colombia

Anexo. Un ejemplo de institucionalización del olvido:
el pacto de silencio de 1962

Capítulo 2. Del silencio a la evocación.
Políticas de memoria y olvido sobre el conflicto armado colombiano

Entender y recordar: de las comisiones de estudios sobre la violencia al Centro Nacional de Memoria Histórica

Comisión Nacional Investigadora (1958)

Comisión de Estudios sobre la Violencia (1987)

Comisión de Superación de la Violencia (1992)

Un Estado, dos formas de asumir el deber de memoria

Entre la paradoja y el desafío: conformación y acciones del Grupo de Memoria Histórica

Trabajo con-sentido. Fases y metodologías del
Grupo de Memoria Histórica

La voz de las víctimas

De Grupo a Centro de Memoria Histórica

Versiones encontradas

Capítulo 3. Saber, reconocer, recordar.
Análisis del informe general sobre el conflicto armado
del Grupo de Memoria Histórica

Una narración vertiginosa: panorama de la producción del Grupo de Memoria Histórica

La memoria como resistencia y como acto político: posición fundamental del Grupo de Memoria Histórica

¡Basta ya! Un grito en medio del conflicto: estrategias discursivas y estructura del informe

El manejo de la palabra: un rasgo distintivo del Grupo de Memoria Histórica

De la comprensión a la esperanza: estructura del informe ¡Basta ya!

Retórica de las imágenes: un discurso paralelo y silencioso

Toda apuesta tiene su costo: alcances y límites de las propuestas de sentido del Grupo de Memoria Histórica

Conclusiones

Bibliografía

¿Y cómo es posible no saber tanto?*

Como siempre, hay que tomar palabras prestadas para poder decir alguna cosa. No sé a qué se refería Pizarnik cuando escribió esas líneas, pero a mí me resultan de una precisión pasmosa para “explicar” por qué yo, que estudié psicología, terminé haciendo una Maestría en Historia y Memoria y eligiendo como tema de tesis el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano. Desde que decidí viajar a Argentina e inscribirme en dicho posgrado tenía la idea de estudiar algo relacionado con la violencia, aunque partiendo de una perspectiva distinta: las creencias que la legitiman, específicamente en Medellín. Esa pregunta había surgido en el último de mis trabajos en la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, a raíz de una investigación que habían hecho allí y que mencionaba ese factor como uno de los determinantes de la situación de violencia que se volvió, hace mucho, permanente en la ciudad. Sin embargo, una vez en Argentina, comenzaron a surgir otras preguntas y en una clase en la que se dio una discusión sobre la posición del Estado colombiano frente al conflicto, empecé a tomar conciencia de que había muchas cosas que no sabía sobre él. Comenzó a parecerme inverosímil y vergonzoso que una persona como yo, descendiente de una familia de Granada (Antioquia) –donde han pasado cosas muy graves en relación con el conflicto armado– y que creció en Medellín durante la conmocionada década de los ochenta, supiera tan poco acerca del surgimiento y expansión del conflicto, de la historia del país, de las responsabilidades intrincadas y complejas que han permitido que alcance semejante magnitud y duración.

¿Por qué me enseñaron a los trancazos la historia de Colombia? ¿Por qué sólo albergaba en mi mente nombres vacíos que no me remitían a ninguna comprensión –la Patria Boba, la Guerra de los Mil Días, el Bogotazo, el Frente Nacional–? Comencé a sentir que me lo habían ocultado todo, que el Estado se conformaba con que cada quien, dependiendo de la región donde viviera, fuera testigo o víctima del pedazo de conflicto que allí operaba y que de historia supiera lo que alcanzaba a ver y poco más. Eso, obviamente, no era una certeza sino una intuición, una sensación que me incomodaba y me dolía, y de la que nació la pregunta por cuál ha sido el discurso oficial sobre el conflicto, el que nos ha llegado, el que se ha difundido más.

Como muchos profesionales formados en una Facultad de Ciencias Sociales de una universidad pública, desconfiaba de todo lo que viniera del Estado, lo miraba con sospecha, pero también por la misma formación que allí recibí quise emprender una búsqueda en la que los prejuicios no me aturdieran. El punto de alarma que me sonó un día en clase, muy al comienzo de la Maestría, tenía que ver con la Ley de Justicia y Paz1 y el hecho de que en ella se sustituyeran los principios internacionales de “verdad, justicia y reparación” por los muy cuestionados de “perdón y olvido” para poder continuar (una especie de borrón y cuenta nueva). Busqué el texto de la Ley y lo leí completo y, aunque muchas cosas en él me causaron molestia (como la negación del conflicto y la preponderancia que se le daba a los grupos armados ilegales por encima de las víctimas), hubo algo que me sorprendió: la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) y, dentro de ella, un área de Memoria Histórica. No tenía idea de que había un Grupo de Memoria Histórica (GMH) en el país, conformado durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que llevaba ya varios años de labores y varios informes publicados. Pese a esta sorpresa –casi grata– volvió, esta vez con más fuerza, la misma pregunta: ¿y yo por qué no sabía que ese grupo existía? ¿Cómo era posible que una ciudadana medianamente “ilustrada” (o al menos educada), de clase media, cuya formación académica se dio íntegramente en el sistema público, no tuviera idea de que en el país sí había iniciativas (gubernamentales y no gubernamentales) que trabajaban por la memoria? ¿Todo eso pasaba a mis espaldas? ¿O era que yo se las había dado siempre y sólo tuve ojos para ver cuando me fui muy lejos y el conflicto ya no era mi pan de cada día?

La distancia, indudablemente, tuvo algo que ver. Vivir en un país cuyas convulsiones no pasan por grupos guerrilleros y paramilitares, y en una ciudad en la que, aunque hay inseguridad, no es común que se oigan tiroteos por las noches, me hizo percibir de manera distinta esa realidad en medio de la cual habité siempre. Toda la vida me dolieron los muertos, me pregunté por qué a tantos les resultaba aparentemente sencillo armarse y disparar contra otros, por qué algunos aplaudían a los encapuchados2 que cada tanto irrumpían con explosivos en la universidad; pero desde lejos todo comenzó a verse más nítido y terrible, a doler más, a desconsolarme a veces.

Dicho desconsuelo no podía ser simplemente un punto de llegada, y pronto se convirtió, por el contrario, en un aliciente para comenzar a explorar lo que el Grupo de Memoria Histórica había estado haciendo; indagación que hizo brotar nuevas preguntas y perplejidades y que terminó por convencerme de que era importante emprender un proyecto que me permitiera reunir en un solo lugar, de manera sencilla y coherente, lo que ha sido la historia de la confrontación armada en Colombia y, muy especialmente, las posiciones que ha asumido el Estado en cuanto a sus posibilidades de comprensión por parte de la sociedad.

El texto que se presenta a continuación no pretende ser, pues, un trabajo para expertos. Busca ser más bien un compendio analítico de hechos, conceptos y momentos de inflexión en el devenir de los procesos históricos asociados al conflicto, a partir del cual los lectores no tan familiarizados con el tema cuenten con un panorama amplio de lo que ha sido el fenómeno quizá más característico del país.

El enfoque desde el cual se aborda el asunto no es meramente histórico ni descriptivo, sino que incluye un análisis sociológico que pone el acento en las acciones estatales que han permitido u obstaculizado el conocimiento, difusión y comprensión global del fenómeno, haciendo especial énfasis en la trayectoria y productos del Grupo –actualmente Centro– de Memoria Histórica, en tanto organismo oficial encargado de la reconstrucción de hechos asociados a la guerra, cuya labor ha girado en torno a una serie de paradojas y tensiones, y que posee unas particularidades en su conformación y características que son objeto de estudio a lo largo del escrito.

Como se irá haciendo evidente para el lector, los elementos discursivos y las estrategias retóricas empleados por diferentes actores ocuparán un lugar preponderante en el análisis presentado, tanto desde el punto de vista de las leyes que hicieron posible el surgimiento y continuidad del GMH como del de sus propias elaboraciones condensadas en informes públicos. Esto obedece a que se comparte el presupuesto propio del campo de los estudios del discurso según el cual este es un acontecimiento comunicativo que tiene lugar en un tiempo y espacio específicos y en el que se ponen en juego relaciones de poder e ideologías con fines diversos. El análisis que se realice sobre ellos ha de explicar “algunas de las detalladas estructuras, estrategias y funciones del texto […], lo que incluye las formas –gramaticales, pragmáticas, de interacción, estilísticas, retóricas, semióticas, narrativas o similares– de la organización verbal y paraverbal de los acontecimientos discursivos” (Van Dijk, 2003: 146).

El acento puesto en el carácter de acontecimiento evoca las célebres conferencias de John Austin (1962) y las elaboraciones posteriores de John Searle (1969), según las cuales decir es mucho más que simplemente articular palabras: es hacer cosas y también provocar que otras tantas sucedan. Cuando del ámbito político se trata, las consecuencias de lo dicho pueden ser de más profundo alcance, pues el lugar simbólico que ostentan ciertos funcionarios públicos hace que sus pronunciamientos puedan convertirse en directrices de Estado incidiendo así sobre la vida de miles de personas.

Los resultados aquí presentados se derivan de una investigación documental de tres años (2011 a 2014), correspondiente a mi tesis de Maestría y cuyos principales textos de análisis fueron la Ley 975 de 2005, la Ley 1448 de 2011 y los informes elaborados por el GMH entre 2007 y 2013, con énfasis en el informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Se tomaron en cuenta también entrevistas publicadas de algunos miembros del GMH, las cuales se complementaron con otras realizadas a personas que han trabajado de cerca con ellos, como investigadores de la Corporación Región y uno de los comunicadores del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). El trabajo interpretativo no incluye los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), cuya creación fue acordada en agosto de 2014 por parte del gobierno nacional y la guerrilla de las FARC en medio del proceso de negociación que se viene adelantando desde el año 2012 y cuya culminación se estima para el año 2016. Los textos de los doce académicos que conforman la CHCV fueron presentados en febrero de 2015, momento en que este trabajo ya había sido entregado para revisión editorial y, para el momento de su publicación, no se contempló su inclusión puesto que se trata, como en el caso de otras comisiones –que son presentadas en el segundo capítulo–, de diagnósticos expertos basados en el conocimiento profundo que estos estudiosos tienen acerca del conflicto tras años de investigación acerca del mismo, pero no representan necesariamente, como en el caso de los informes del GMH, una construcción realizada conjuntamente con víctimas y testigos del conflicto, ni hacen parte de las funciones de un organismo oficial y permanente, encargado principal de dar cumplimiento al deber de memoria del Estado colombiano consagrado en la Ley 1448 de 2011.

La función principal de este texto, desde su concepción inicial, es aportar a la comprensión del fenómeno del conflicto armado colombiano y de su memoria histórica por parte de personas que no han tenido un acercamiento al mismo más allá de lo que es difundido por los medios masivos de comunicación o las referencias fragmentarias que pueden llegar a escucharse en espacios cotidianos. Su carácter bien puede considerarse divulgativo y reflexivo, por lo que su lectura en centros educativos públicos y privados del país sería de utilidad a manera de introducción y contextualización sobre el devenir del conflicto y las tensiones y vicisitudes de su tratamiento simbólico por parte del Estado. Igualmente, puede llegar a ser de interés para estudiosos extranjeros interesados en familiarizarse con la situación colombiana en las décadas recientes, máxime en momentos en que la transición hacia el posconflicto parece estar más cerca que nunca según los recientes anuncios que en La Habana hiciera la Mesa negociadora entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.3

Introducción

El conflicto armado colombiano es un problema que afecta al país desde hace décadas y que puede ser –y de hecho ha sido– analizado desde distintas ópticas, haciendo énfasis en aspectos variables según el campo desde el que se mire y las problemáticas que se pretendan comprender: sociales, económicas, políticas, humanitarias, etc.

Una dificultad particular rodea los estudios sobre este conflicto: no se trata de un proceso concluido (Jaramillo, 2009). A diferencia de lo que ha pasado en otros países del Cono Sur, en los que hubo períodos de dictaduras y terrorismo de Estado claramente delimitados, en Colombia sólo ha existido un período de dictadura (1953-1957),1 cuya característica más recordada no es la violencia sino, por el contrario, la “pacificación” temporal que posibilitó. Tampoco puede hablarse estrictamente –o al menos no exclusivamente– de terrorismo de Estado y, si bien hay una fecha que suele tomarse como emblemática del inicio de la violencia (9 de abril de 1948, día del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán), no existe un momento de cierre de esa violencia que, desde ese 9 de abril, se reconoce como componente constante en la dinámica del país.

Pese a este carácter inacabado del conflicto armado, en Colombia se han emprendido diversos procesos de memoria, en parte porque el espíritu de la época –el boom de la memoria en el mundo, el culto al pasado (Huyssen, 2001)– así lo demanda, y en parte porque desde distintos grupos y organizaciones se ha revelado la necesidad de comenzar a hacer más visibles las dimensiones del conflicto armado.

Con este telón de fondo, interesa aquí indagar por las discusiones que en Colombia se han dado en torno a la memoria: cuáles son los sectores que han promovido estos procesos (los emprendedores de memoria, en términos de Jelin),2 qué tipo de demandas han formulado, así como las respuestas que desde el Estado han surgido y las reacciones que, a su vez, han provocado tales respuestas, para comprender el proceso como una interacción y una lucha permanente de fuerzas y sentidos.

El conflicto armado colombiano tiene una historia compleja y prolongada, con suficientes años acumulados de acontecer como para ser el sustento de diversas evocaciones y registros. Esa persistencia en el día a día de la historia colombiana, con sus variaciones, intensificaciones y momentos de aparente tregua, ha jugado un papel en la configuración del presente de la nación y plantea preocupaciones y retos hacia el futuro. No en vano la Ley 975 de 2005 –conocida como Ley de Justicia y Paz– estableció la creación de una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con un área de Memoria Histórica, y la Ley 1448 de 2011 –o Ley de Víctimas– mantuvo dentro de sus disposiciones el derecho a la verdad y a la memoria, reconociendo en el presente unos acontecimientos pasados que han afectado de distintas maneras a la sociedad civil y cuyo conocimiento, difusión y estudio son centrales para la construcción de un futuro distinto (idealmente menos violento) para el país. Esto es, al menos, un presupuesto básico, una expectativa que se tiene.

La inquietud que dio origen a este texto tiene que ver con las incidencias que sobre una sociedad tiene el discurso oficial en torno a diferentes asuntos, en este caso, el conflicto armado colombiano. Luego de hacer un rastreo bibliográfico exhaustivo fue necesario aceptar que no existe una definición precisa de la noción de discurso oficial, aunque sí un gran número de estudios que dicen ocuparse de él. Lo común a tales indagaciones es que toman como objeto de análisis decretos, leyes, edictos, pronunciamientos formales emanados de las autoridades estatales, y fue siguiendo esa tradición que se realizó este trabajo. El discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano ha tenido variaciones importantes, en especial en la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), cuyas intervenciones públicas y políticas de Estado promovidas sobre el tema han sido marcadamente contrastantes. Muestra de esto es que, mientras el primero negó la existencia del conflicto armado y evitó tal nominación en leyes, decretos y pronunciamientos propios y de funcionarios de su gobierno, durante el gobierno de Santos se ha retomado esa categoría y es la que se usa explícitamente en la Ley de Víctimas, una de las principales fuentes de este trabajo.3

Nuestra pregunta por la reconstrucción de la memoria histórica en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano tomará como foco de análisis los informes del GMH sobre el conflicto, en especial, el informe general sobre el conflicto armado, titulado ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Este, al igual que los más de veinte informes presentados entre el 2007 y el 2014 (período abarcado en esta publicación), son productos oficiales y culturales, reflejan una metodología específica de trabajo y responden a un contexto político y social del que los investigadores son parte, a la vez que lo investigan.

Al calificar estos informes como un producto oficial, se está haciendo referencia a su carácter estatal e institucional: no se trata de publicaciones aisladas e independientes, sino que cada informe hace parte de una estrategia de gobierno para dar cumplimiento a un mandato específico sobre el deber de memoria del Estado que comenzó a regir formalmente a partir de la sanción de la Ley de Justicia y Paz; proceso que unos años después, en 2011, adquirió nuevos e importantes matices con la aprobación de la Ley 448 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras). Con ella se ampliaron las funciones del CNMH, el cual ya no se ocuparía sólo de la reconstrucción y explicación de las causas y desarrollo de los grupos armados ilegales, sino que también ganaría autonomía y recibiría el encargo de administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica (cuya creación se estipula en un punto anterior de la misma ley). Un aspecto llamativo de esta Ley es que, a pesar de que la realización de los informes acerca de casos emblemáticos del conflicto hace parte de una iniciativa gubernamental –y, en ese sentido, oficial, en tanto está sujeta a una autoridad derivada del Estado–, la Ley es explícita en cuanto a que no se debe construir en ellos una verdad oficial, esto es, una versión contada únicamente desde la perspectiva estatal e institucional de los acontecimientos, sino que para la elaboración de los informes han de ser tenidos en cuenta los testimonios de víctimas, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y, en algunos casos, se incluirán también confesiones o declaraciones de los victimarios, aun si se deja en evidencia que el propio Estado colombiano es corresponsable –por acción u omisión– de algunos de los eventos que en los informes se registran.

Así pues, cuando se dice que se realizará un rastreo de las tensiones y vicisitudes en el discurso oficial sobre el conflicto armado colombiano en el pasado reciente, se alude concretamente a los discursos producidos por funcionarios o entidades estatales pero, a la vez, a un análisis que parte de la idea de que esas manifestaciones surgen en un contexto específico y responden a los avatares de un devenir histórico que ha signado tendencias políticas, sociales y culturales que pueden ser evidenciadas en una lectura minuciosa de los informes.

Otro aspecto que resulta importante resaltar a fin de marcar con precisión qué será estudiado aquí y por qué, es la diferencia entre el discurso oficial, que se entiende aquí como el discurso formalizado e institucionalizado, concretado en leyes, dictámenes o informes oficiales, y los pronunciamientos públicos de funcionarios del gobierno sobre determinados eventos o situaciones. Si bien suelen ser los segundos los que tienen una difusión y circulación inmediata, con rápidos efectos sobre la opinión pública, su incidencia tiende a ser efímera si se compara con los efectos concretos derivados de acciones oficiales. Una acción oficial –la sanción de una ley, la expedición de un decreto, la difusión de un comunicado, la creación de grupos y comisiones de distinta índole– dan cuenta de la posición oficial del Estado (y los gobiernos que lo encarnan en cada período) como conjunto, mientras que las declaraciones públicas de funcionarios no siempre se dan en dispositivos en los que su palabra está revestida de la fuerza simbólica de su cargo, dando cuenta de una posición que, en tanto personal, no tiene carácter oficial. Un mismo presidente puede, por ejemplo, declarar en entrevistas o ruedas de prensa que las razones del conflicto armado son estas o aquellas –según su punto de vista personal– y, al mismo tiempo, promulgar una ley que ha sido previamente debatida en el Congreso de la República en la que se ordena la creación de un Grupo de Memoria Histórica que tiene como función encargarse de investigar las causas y efectos de dicho conflicto. Lo que dijo en la entrevista tal vez sea difundido por varios medios de comunicación y tenga un impacto social y político inmediato de intensidad variable, pero la creación de un Grupo de Memoria Histórica tendrá consecuencias concretas, como la conformación de un equipo de profesionales encargados de cumplir con el objetivo trazado, la asignación de un presupuesto que lo haga posible y la producción de informes y materiales didácticos y audiovisuales que pueden ser objeto de análisis académicos y debates públicos de más hondo alcance.

Esta diferenciación, por sutil que parezca, es fundamental desde el punto de vista del análisis del discurso que se pretende realizar, puesto que implica el reconocimiento de que en el campo político (que es donde se asienta la posibilidad de un discurso oficial) el discurso tiene propiedades performativas (Austin, 1962), lo cual quiere decir que cuando alguien ostenta una investidura (en tanto presidente, comandante de las Fuerzas Armadas o funcionario público en general) y actúa dentro de un marco de condiciones específicas en las que su cargo le confiere potestades que no posee por fuera de estas, aquello que dice no se limita a dar una información o enunciar una convicción personal, sino que tiene consecuencias inmediatas, se constituye en un acto. Fue John Austin (1962), en su célebre ciclo de conferencias publicado bajo el título Cómo hacer cosas con palabras, quien definió ese tipo particular de actos de habla que denominó performativos o realizativos, y que caracteriza como aquellos que no describen o registran nada, no son verdaderos o falsos y cuya mera expresión implica la realización de una acción (jurar, prometer, bautizar, legar, apostar, por ejemplo). Lo que se sostiene, entonces, no es que ambos tipos de pronunciamientos (los informales y los oficiales) sean excluyentes entre sí o que sólo uno de ellos tenga efectos políticos. Lo que sí se pretende es hacer énfasis en el tipo de implicaciones que tiene cada uno y en el hecho de que, en términos de impactos estatales, son aquellos revestidos de un carácter oficial los que –al menos en principio– tienen mayor potencialidad de generar acciones de mayor alcance y duración.

Consciente de la imposibilidad de abordar el tema amplísimo y general del discurso oficial sobre el conflicto armado como totalidad, y consecuente con el hecho de que este texto surge en el campo de los estudios de la memoria, el abordaje propuesto dirige su atención a las formas en que la memoria y el olvido aparecen en el discurso oficial sobre el conflicto, con el fin de rastrear las interpretaciones que se presentan, los sentidos que se promueven, las apuestas éticas de las que parten y el lugar otorgado a víctimas, actores del conflicto y sociedad civil en el conjunto de sus construcciones. Se observaron con especial atención las variaciones que se han ido dando en el discurso oficial sobre el conflicto armado, teniendo en cuenta sus énfasis y el carácter de las intervenciones en función de las posiciones del gobierno de turno.

Un estudio sobre los procesos de memoria en Colombia es pertinente por cuanto contribuirá a la identificación de las iniciativas, los sentidos y valores promovidos desde el Estado, al mismo tiempo que puede ser un aporte para el análisis de su eficacia, en términos de recepción, interpretaciones y efectos producidos. El trabajo aquí presentado se ocupa del discurso oficial a cargo del Grupo de Memoria Histórica, organismo que opera desde el año 2007 por mandato de la Ley de Justicia y Paz, y que, en principio, hacía parte de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. En 2012, con la entrada en vigencia de la Ley de Víctimas, se amplían las funciones del Grupo y se le otorga autonomía, constituyéndose como Centro Nacional de Memoria Histórica.

El libro está estructurado en tres capítulos: el primero de ellos, titulado “El país de todas las luchas”, sirve de contexto general sobre la confrontación armada en Colombia y las múltiples formas que ha ido tomando desde principios del siglo XX, señalando actores, momentos emblemáticos, diversas posiciones gubernamentales y el surgimiento y uso de nociones como violencia, guerra y conflicto armado para describir las situaciones que enfrenta el país. Pretende ser, en principio, una guía para el lector, pero su construcción sirvió también para que yo misma, como investigadora proveniente de una disciplina diversa de la historia o la sociología, tuviera un panorama claro de los lugares en que se inscriben las interpretaciones actuales sobre el conflicto armado.

El segundo capítulo, “Del silencio a la evocación”, está concentrado fundamentalmente en el Grupo de Memoria Histórica en cuanto tal, teniendo en cuenta su inscripción en las políticas colombianas sobre el deber de memoria del Estado en dos momentos distintos: 2005 y 2011, años en que se promulgaron leyes que lo definieron de manera diversa y permitieron su creación y continuidad. Hay allí un recuento que va de las leyes a las posibilidades discursivas que lo condicionaban, pasando por las características del GMH (integrantes, presupuestos, metodología) y una pregunta problematizadora en torno a la cual gira todo el capítulo: ¿es posible, desde el Estado, construir una memoria nacional sobre el conflicto armado que no se constituya en una verdad oficial?

El tercer capítulo, “Saber, reconocer, recordar”, busca resaltar el hecho de que las construcciones y registros que está realizando el GMH constituirán uno de los principales materiales para la difusión de los orígenes y estragos del conflicto armado en el país y, por tanto, se ocupa del contenido de sus informes, en especial, el informe general sobre el conflicto, ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. Se examinan allí desde la estructura formal que compone los informes, hasta los sentidos promovidos y los tipos de interpretaciones que se construyen, así como las estrategias discursivas y retóricas y algunas de las críticas que se han formulado sobre la producción del GMH.