Capítulo 1
Escalas de justicia: la balanza y el mapa.
Una introducción
El título original de este libro tiene un sentido doble, que forzosamente se pierde en la traducción española. La expresión inglesa «scales of justice» evoca dos imágenes. La primera de ellas, muy familiar, casi un cliché: la balanza, el equilibrio moral con que un juez imparcial sopesa los pros y los contras de las reivindicaciones en conflicto. Central durante mucho tiempo para comprender la justicia, esta imagen todavía inspira luchas en pro de la justicia social en nuestra era, a pesar del amplio escepticismo que atañe a la misma idea de un juez imparcial. La segunda imagen es menos familiar: el mapa, el recurso métrico que utiliza el geógrafo para representar relaciones espaciales. Relevante sólo recientemente para teorizar sobre la justicia, esta imagen informa ahora las luchas por la globalización, ya que los movimientos sociales transnacionales rechazan el marco nacional en el que se han situado históricamente los conflictos por la justicia e intentan redibujar los límites de la justicia a una escala más amplia.
Cada una de estas imágenes –la balanza y el mapa– concentra un puñado de cuestiones difíciles. La balanza representa la problemática de la imparcialidad: ¿qué puede garantizar una valoración ecuánime de las reivindicaciones en conflicto, si la hay? Esta cuestión, siempre espinosa, aflora en todo contexto en el que existe asimetría de poder, cuando la gente desfavorecida reclama justicia, como dirigiéndose a un juez imparcial, aun a sabiendas de que no existe ese juez y que las normas con las que se le juzgará se amontonan en contra suya. Pero, más allá del dilema general, la problemática de la imparcialidad se enfrenta a otro desafío más radical en la era presente. Debido a cambios que hacen época en la cultura política, los movimientos actuales por la justicia social carecen de una comprensión compartida de la sustancia de la justicia. A diferencia de sus predecesores del siglo XX, que militaban sobre todo en favor de la «redistribución», los reclamantes de hoy día formulan sus demandas en muy diversos idiomas, que se orientan a objetivos rivales. Hoy, por ejemplo, los llamamientos con acento de clase en favor de una redistribución económica se enfrentan sistemáticamente a demandas de grupos minoritarios en favor del «reconocimiento», mientras que las reivindicaciones feministas de justicia de género a menudo coliden con demandas en favor de formas supuestamente tradicionales de justicia religiosa o comunitaria. El resultado es una heterogeneidad radical en el discurso sobre justicia, que plantea un importante desafío a la idea de equilibrio moral: ¿en qué balanza de la justicia pueden sopesarse imparcialmente esas reivindicaciones tan heterogéneas?
La imagen del mapa, en cambio, representa la problemática del «enmarque» (framing): ¿qué es lo que, si lo hay, debe constituir los límites de la justicia? A diferencia de la problemática de la imparcialidad, por lo general protestada de una forma u otra, la problemática del mapa puede yacer dormida durante largas temporadas de la historia si se otorga carta de naturaleza a un marco hegemónico y se da por hecho. Y así sucedió probablemente en el apogeo de la socialdemocracia, cuando se daba por descontado que la unidad dentro de la cual se aplicaba la justicia era el Estado territorial moderno. En ese contexto, la mayoría de los antagonistas políticos compartían el supuesto tácito de que las obligaciones de justicia distributiva se aplicaban sólo entre conciudadanos. Hoy día, en cambio, está en discusión este enmarque «westfaliano» de la justicia. Al aflorar en la actualidad a la superficie como motivo de discusión, el marco ahora se rechaza en la medida en que los activistas de los derechos humanos y las feministas internacionales se unen a los críticos de la OMC poniendo de relieve injusticias que superan las fronteras. Hoy, en consecuencia, las reivindicaciones de justicia se plantean cada vez más a escalas geográficas que entran en competencia –como, por ejemplo, cuando las reivindicaciones que tienen en cuenta a la «población pobre del mundo» se enfrentan a las reivindicaciones de ciudadanos de sociedades políticas delimitadas. Este tipo de heterogeneidad da origen a un desafío radical de otra especie: dada la pluralidad de marcos rivales ante la tarea de organizar y resolver los conflictos de justicia, ¿cómo sabemos cuál es la escala de justicia realmente justa?
Para una y otra problemática, por tanto, la de la balanza y la del mapa, los desafíos que se les plantean en los tiempos que corren son verdaderamente radicales. En ambos casos, además, la forma plural, escalas de justicia, indica el alto grado de dificultad. En el caso de la balanza, la dificultad proviene de la pluralidad de idiomas en competencia por articular las reivindicaciones, que amenaza con dar al traste con la imagen convencional de imparcialidad. Si imaginamos un conflicto entre los pros y los contras, esa imagen representaría a la justicia imparcial como un sopesar mutuo, en un mismo aparato, de dos conjuntos de consideraciones, contrapuestas pero siempre conmensurables. Esta representación pudo parecer plausible en la era de la Guerra Fría, cuando era ampliamente compartida una manera determinada de entender la sustancia de la justicia. En ese periodo, las corrientes políticas más importantes convergían en una concepción distributiva, que equiparaba la justicia social con una asignación imparcial de los bienes divisibles, normalmente de naturaleza económica. Presupuesto compartido por la socialdemocracia del Primer Mundo, el comunismo del Segundo y el desarrollismo del Tercero, ese punto de vista aportó un cierto grado de conmensurabilidad a las demandas en conflicto. Al albergar encarnizadas discusiones sobre qué debía considerarse distribución justa, el imaginario distributivista hegemónico prestaba cierta credibilidad a la representación convencional de la balanza moral. Si todas las partes argumentaban en torno a lo mismo, quizá entonces fuera posible sopesar sus reclamaciones con la misma balanza.
Hoy, sin embargo, la imagen tradicional de la balanza está a punto de desaparecer. Los conflictos actuales sobrepasan su diseño de simple dualismo de alternativas conmensurables, ya que las reivindicaciones de justicia actuales de ordinario tropiezan con otras reivindicaciones opuestas, cuyos supuestos ontológicos subyacentes no se comparten. Por ejemplo, los movimientos que piden redistribución económica a menudo se enfrentan no sólo a los defensores del statu quo económico, sino también a los movimientos que buscan el reconocimiento de la especificidad del grupo, por una parte, y a los que buscan nuevos esquemas de representación política, por otra. En estos casos, la cuestión no es simplemente: redistribución, ¿a favor o en contra? Ni siquiera: redistribución, ¿cuánta o cuán poca? Cuando los reclamantes sostienen puntos de vista conflictivos respecto a la sustancia de la justicia, aparece otra cuestión: ¿redistribución o reconocimiento o representación? El resultado es que se levanta la sospecha de que el ideal convencional de imparcialidad puede ser incoherente, ya que lo que se discute en la actualidad no son simplemente reivindicaciones en conflicto, sino ontologías en conflicto, que suponen criterios conflictivos en la valoración de las reivindicaciones. Emerge, por tanto, no sólo la amenaza de la parcialidad, sino también el espectro de la inconmensurabilidad. ¿Es realmente posible sopesar con la misma balanza reivindicaciones sustantivamente heterogéneas? Y, si no es así, ¿qué queda del ideal de imparcialidad?
En esas condiciones, la problemática de la imparcialidad no puede pensarse a la manera usual. Más bien hay que radicalizar esta problemática, hasta el punto de enfrentarnos a la amenaza de la inconmensurabilidad y, si es posible, eliminarla. Renunciando a la interpretación convencional de la imagen de la balanza, quienes teorizan sobre la justicia en el momento actual deben preguntarse: dado ese choque entre concepciones rivales de la sustancia de la justicia, cada una de ellas equipada de manera efectiva con su propio conjunto de balanzas, ¿cómo debemos decidir qué tipo de balanza hay que usar en un determinado caso? ¿Cómo podemos reconstruir el ideal de imparcialidad para garantizar la valoración equitativa de esas reivindicaciones heterogéneas?
En el caso de la segunda imagen, la cartográfica, la forma plural escalas de justicia señala también la gravedad de las dificultades actuales. El problema surge de la pluralidad de enmarques conflictivos de los límites de la justicia, que ha desnaturalizado la cartografía westfaliana del espacio político. Hegemónico largo tiempo, este sistema concebía las comunidades políticas como unidades geográficamente delimitadas, demarcadas mediante límites claramente definidos y conjuntamente ordenadas. Al asociar cada una de esas comunidades así definidas con un Estado propio, el imaginario político westfaliano investía al Estado de una soberanía indivisa y exclusiva sobre su territorio, que impedía la «interferencia externa» en sus «asuntos internos» y descartaba toda remisión a cualquier poder superior, internacional. Además, este punto de vista instituía una neta división entre dos tipos cualitativamente diferentes de espacio político. Mientras que el espacio «interno» se concebía como el ámbito civil pacífico del contrato social, sometido a la ley y a las obligaciones de la justicia, el espacio «internacional» se contemplaba como un estado de naturaleza, un campo en discusión de regateo estratégico y de raison d’état, vacío de todo deber vinculante de justicia. En el imaginario westfaliano, por tanto, sólo podían ser sujetos de la justicia los conciudadanos miembros de una población territorializada. Por cierto, esta cartografía del espacio político no se realizó nunca del todo; el derecho internacional controlaba hasta cierto punto las relaciones entre Estados, a la vez que la hegemonía del Gran Poder y el imperialismo moderno desmentían la idea de un sistema internacional de Estados iguales soberanos. No obstante, este imaginario ejercía un poderoso influjo, conjugando los sueños de independencia de los pueblos colonizados, que en su mayoría anhelaban constituirse también ellos en Estados westfalianos.
Hoy, sin embargo, la cartografía westfaliana del espacio político ya no se sostiene. Ciertamente, su postulado de una soberanía estatal indivisa y exclusiva ya no resulta plausible, dado el régimen ramificado de derechos humanos, por una parte, y las redes cada vez más amplias de la gobernación global, por otra. Igualmente cuestionable es la noción de una neta división entre espacio doméstico e internacional, dadas las nuevas formas de política «interméstica», practicada por los nuevos agentes no estatales y transterritoriales, incluidos los movimientos sociales internacionales, las organizaciones intergubernamentales y las ong internacionales. Es también dudoso el punto de vista de la territorialidad como base única para asignar obligaciones de jus ticia, dado el manifiesto carácter transterritorial de los problemas, como el del calentamiento global o el de la agricultura genéticamente modificada, que da pie a muchos a pensar en términos de «comunidades de riesgo» funcionalmente definidas, que amplían los límites de la justicia para incluir en ellos a todos los que estén potencialmente afectados. No hay que extrañarse, pues, de que los activistas que combaten las desigualdades transnacionales rechacen el punto de vista según el cual la justicia sólo puede concebirse territorialmente, como una relación interna entre ciudadanos de un mismo país. Al postular puntos de vista poswestfalianos sobre «quién cuenta», someten a una explícita crítica el marco westfaliano.
El resultado final es que la problemática del enmarque, o del marco, ya no puede darse por supuesta sin más, ni en la teoría ni en la práctica. Ahora que el trazado del mapa del espacio político se ha convertido en objeto de confrontación, los interesados actualmente en la justicia no pueden dejar de preguntarse: dado el enfrentamiento entre puntos de vista rivales sobre los límites de la justicia, ¿cómo debemos decidir sobre quiénes son aquellos cuyos intereses deben ser tenidos en cuenta? Frente a enmarques contrapuestos de los conflictos sociales, ¿cómo debemos determinar cuál es la cartografía justa del espacio político?
En general, pues, ambas imágenes de las escalas de justicia encierran formidables desafíos a las formas habituales de pensar en el momento presente. Por lo que se refiere a la balanza, el desafío proviene de puntos de vista contrapuestos sobre el «qué» de la justicia: ¿redistribución, reconocimiento o representación? Por lo que toca al mapa, el problema surge de los enmarques conflictivos del «quién»: ¿ciudadanías territorializadas, humanidad global o comunidades de riesgo transnacionales? En la problemática de la balanza, por tanto, la cuestión central es qué hay que considerar como genuino asunto de justicia. En el del mapa, por el contrario, la cuestión es quién cuenta como auténtico sujeto de justicia.
Este libro quiere dar respuesta a ambos interrogantes. Cada uno de los capítulos, originariamente nacidos como ensayos o conferencias aisladas, aborda problemas actuales sobre el «quién» y el «qué». Leídos conjuntamente, proponen análisis específicos de estas cuestiones y respuestas particulares. Enfrentándome a la problemática de la balanza, propongo una interpretación tridimensional del «qué» de la justicia, que comprende redistribución, reconocimiento y representación. Refiriéndome a la problemática del mapa, propongo una teoría crítica del enmarque tendente a clarificar el «quién» de la justicia. La consecuencia es un conjunto de reflexiones continuas sobre quién debería contar con respecto a qué en un mundo poswestfaliano. Veamos la elaboración.
El capítulo 2, «Reenmarcar la justicia en un mundo en globalización», pretende clarificar las confrontaciones actuales sobre la globalización. Revisando mi anterior interpretación del «qué» de la justicia, introduzco una tercera dimensión, la política, junto con las dimensiones económica y cultural puestas anteriormente de relieve. Analíticamente distinta de la redistribución y del reconocimiento, la representación sirve en parte para explicar las «injusticias en el plano de la política ordinaria», que surgen internamente, dentro de sociedades políticas delimitadas, cuando reglas de decisión sesgadas privan de voz política a personas que ya cuentan como miembros, perjudicando su capacidad de participar como pares en la interacción social. Esta revisión enriquece nuestra comprensión del «qué» de la justicia, a la vez que remedia una laguna en mi teoría anterior, que no llegaba a apreciar la relativa autonomía de las desigualdades enraizadas en la constitución política de la sociedad, en cuanto distinta de la estructura económica o de la jerarquía de los estatus.
Pero eso no es todo. La adición de la tercera dimensión sirve también para explicar las «injusticias en el plano metapolítico», aquellas que surgen cuando la división del espacio político en sociedades políticas delimitadas provoca un enmarque injusto de las cuestiones de primer orden de distribución, reconocimiento y representación; por ejemplo, catalogando lo que son verdaderas injusticias transnacionales como asuntos meramente nacionales. En este caso, el «quién» de la justicia está en sí mismo definido injustamente, en la medida en que se excluye de toda consideración a afectados que no son ciudadanos. Esto es lo que ocurre cuando, por ejemplo, las reivindicaciones de la población pobre del mundo se relegan a ámbitos políticos internos de Estados débiles o fallidos y se le impide oponerse a las fuentes externas (offshore) de su desposeimiento. El resultado es un tipo especial y metapolítico de «representación fallida» (misrepresentation), que yo llamo «des-enmarque» (misframing). Des-enmarque, o injusta asignación de marco, es un concepto indispensable para la teoría crítica, porque nos permite preguntarnos por la configuración del mapa del espacio político desde el punto de vista de la justicia. Derivada de una idea ampliada del «qué», esta noción capacita para la crítica del «quién». Al referirse, pues, tanto a la balanza como al mapa, este capítulo reconstruye un vínculo conceptual entre estas dos imágenes de las escalas de justicia.
El capítulo 3 amplía ese vínculo y ahonda en su complejidad. Pero aquí el foco de la atención se desplaza de la realidad social a la filosofía política, por cuanto identifico «dos dogmas del igualitarismo» en la teorización reciente sobre la justicia. El primer dogma es la suposición admitida sin previo examen del «quién» westfaliano. Profundamente enraizada en el periodo anterior, incluso entre animados debates sobre el «qué», la presuposición de que el Estado territorial nacional es la única unidad dentro de la cual ha de aplicarse la justicia ha dejado de ser axiomática en la actualidad, ya que los filósofos discuten abiertamente sobre los límites de la justicia. Ahora, con intensos intercambios animados por El derecho de gentes de John Rawls, la cuestión de quién ha de considerarse sujeto de la justicia ocupa el lugar que se merece. No obstante, a mi entender, los parabienes al respecto son todavía prematuros. Al analizar estos debates, descubro un segundo dogma del igualitarismo, tercamente arraigado y que posiblemente se va afianzando cada vez más a pesar (o quizá a causa) del declive del primero.
El segundo dogma es una premisa metodológica tácita, que se refiere a cómo hay que determinar el «quién». Aunque los defensores del cosmopolitismo, los internacionalistas y los nacionalistas liberales están encarnizadamente en desacuerdo respecto a este último, concuerdan tácitamente en que las disputas sobre cómo enmarcar la justicia pueden y deben resolverse científicamente, utilizando métodos técnicos. Ese punto de vista se sigue del supuesto compartido entre ellos respecto a que lo que convierte a un colectivo de individuos en miembros sujetos de la justicia es su co-imbricación en una «estructura básica» común, que determina sus relativas oportunidades de vivir una vida buena. Aunque algunos identifican esa estructura con la constitución de una sociedad política delimitada y otros la equiparan más bien a los mecanismos de gobernación de la economía global, casi todos miran hacia la ciencia social para situar la cuestión, como si ella pudiera decirnos, como si se tratara de una cuestión fáctica, cuál es la estructura «básica». He aquí, pues, el segundo dogma del igualitarismo: el supuesto tácito y sin argumentar de que la ciencia social normal puede determinar el «quién» de la justicia. Este capítulo rechaza esta suposición. Con la pretensión de superar el segundo dogma, presento una alternativa «crítico-democrática», que trata las discusiones sobre el enmarque como asuntos políticos, que deben resolverse mediante el debate democrático y la adopción institucional de decisiones a escala transnacional. Mi argumentación, que es a la vez un alegato en favor de una «metademocracia» transnacional, sirve también para descubrir un tercer parámetro de la justicia, más allá del «qué» y del «quién». Si no hacemos un enfoque justificable del «cómo», concluyo, nunca podremos resolver satisfactoriamente los problemas que representan la balanza y el mapa.
El capítulo 4 sintetiza las anteriores consideraciones en una reflexión programática sobre «justicia anormal». Inspirándome en Richard Rorty, sugiero que la mayor parte de los teóricos han concebido tácitamente los conflictos en materia de justicia según el modelo del «discurso normal». Dando por supuesta la ausencia de desacuerdos profundos sobre lo que se exige para que una reclamación de justicia pueda considerarse bien formada, han intentado elaborar principios normativos que puedan resolver las disputas en contextos en los que la gramática de la justicia era relativamente estable. Cualesquiera fueran sus ventajas en otras épocas, este enfoque es manifiestamente inadecuado en la actualidad, cuando los conflictos de justicia asumen a menudo aspectos de «discurso anormal». En ausencia de una idea compartida sobre el «qué», el «quién» y el «cómo», no sólo las cuestiones de primer orden de la justicia normal, sino la misma gramática de la justicia están abiertas a ser discutidas. Lo que se requiere en la actualidad, por consiguiente, es un tipo distinto de teorización política, orientado a la clarificación de los problemas de «justicia anormal», en la que los conflictos de justicia de primer orden están entrelazados con metadesacuerdos. Este capítulo esboza esta teoría. No celebro la anormalidad ni me lanzo a instalar un «nuevo concepto de lo normal»; pretendo tener en cuenta tanto el lado positivo como el negativo de la justicia anormal, evaluando la discusión de los inconvenientes anteriormente preteridos, como son las desigualdades no distributivas y las injusticias transfronterizas, mientras esbozo también las pocas posibilidades de superar la injusticia mientras falte un marco estable en el que equitativamente puedan someterse a examen las reivindicaciones, y mientras no existan organismos capaces de resolverlas eficazmente.
El capítulo 5 evalúa la capacidad de la teoría de la esfera pública para proponer un proyecto de este tipo. Intento repensar la democracia para tiempos anormales y me pregunto: ¿puede el ideal de una comunicación política, inclusiva y sin restricciones, desempeñar todavía un papel crítico y emancipador en la era actual, en la que los públicos no coinciden ya con las ciudadanías territoriales, las economías ya no son nacionales y los Estados no poseen ya la capacidad necesaria y suficiente para resolver muchos problemas? Las dudas surgen porque la fuerza crítica de la teoría de la esfera pública ha dependido siempre de una doble suposición idealizada: la opinión pública debe ser normativamente legítima y políticamente eficaz. Aunque contrafácticas, probablemente ambas ideas eran suficientemente claras si se las contemplaba a través de la lente westfaliana: la legitimidad requería que los conciudadanos fueran capaces de participar como pares en la formación de la opinión pública dentro de su propia comunidad política, mientras que la eficacia requería que la opinión pública nacional fuera suficientemente fuerte como para someter el poder estatal al control ciudadano. Hoy día, sin embargo, estas cosas no están tan claras. ¿Qué significa hablar de legitimidad y eficacia de una opinión pública formada en esferas públicas transnacionales, que ni representan la comunicación que existe entre conciudadanos, ni disfrutan de estatus compartido de pares, ni la dirigen a Estados soberanos, capaces de implementar la voluntad de los interlocutores y de solucionar sus problemas? «Transnacionalización de la esfera pública» busca una respuesta que pueda rescatar el potencial crítico de este venerable concepto. Al exponer los supuestos implícitos westfalianos, no sólo en la teoría de Jürgen Habermas, sino también en mi anterior intento de «pensar la esfera pública», propongo reconstruir el ideal de «publicidad» legítima y eficaz de una manera adecuada a las condiciones actuales. Este capítulo, una crítica también de la democracia actualmente existente en la era neoliberal, busca re-imaginar el espacio político para un mundo poswestfaliano.
El capítulo 6 aplica los conceptos desarrollados hasta aquí a una reflexión sobre la trayectoria de los movimientos feministas. Destaco los cambios habidos a lo largo de varias décadas en la comprensión del «qué» de la justicia, sensibles al género, y trazo la historia en tres fases del feminismo de la segunda ola. En la primera, las feministas se unieron a otras fuerzas democratizadoras de la Nueva Izquierda para radicalizar un imaginario socialdemócrata, que durante mucho tiempo se había limitado a la redistribución de clases. En la segunda fase, con las energías utópicas en declive, las feministas gravitaron hacia un imaginario «postsocialista», que ponía de relieve las reivindicaciones en favor del reconocimiento de la diferencia. Actualmente, en una emergente tercera fase, las feministas, actuando en contextos internacionales, crean nuevas formas de representación política, con conciencia de género, que desbordan los límites territoriales. «Mapa de la imaginación feminista» reconstruye esta historia para revelar los contornos de un imaginario feminista «poswestfaliano», que integra redistribución y reconocimiento con representación.
Los dos capítulos siguientes constituyen una revisita a los pensadores más notables del siglo XX a la luz de los cambios en el espacio político analizados aquí. El capítulo 7 es una relectura de Michel Foucault «a la sombra de la globalización». Escrito con la ventaja que procura el poder mirar hacia atrás, «De la disciplina a la flexibilización» interpreta las grandes obras del periodo medio de Foucault, como Vigilar y castigar, al modo de justificaciones brillantes a la vez que parciales de la regulación social en la era del fordismo. Escritas en las décadas de 1960 y 1970, estas obras trazan el mapa de la lógica política de la sociedad disciplinaria, como la lechuza de Minerva, en el momento de su decadencia histórica, cuando la socialdemocracia keynesiana se disponía a poner rumbo hacia un nuevo régimen posfordista en el que la normalización enmarcada en la nación es suplantada por una «flexibilización» transnacionalmente enmarcada. Tras un esbozo del perfil de este nuevo régimen neoliberal, este capítulo pondera las posibilidades de desarrollar una interpretación cuasifoucaultiana de los modos de gobernabilidad posdisciplinaria, propios de la actualidad. Este esfuerzo, a mi entender, constituiría un adecuado tributo a uno de los más originales e importantes pensadores del pasado siglo.
Hannah Arendt pertenece también con pleno derecho a ese grupo de pensadores. El capítulo 8 es también una revisita a su modo peculiar de hacer teoría política con la pretensión de aplicarla a nuestros tiempos. Considerando a Arendt como una de las más importantes teóricas de la catástrofe de mediados del siglo XX, «Amenazas a la humanidad en un mundo en globalización » contempla hasta qué punto su enfoque puede iluminar las amenazas que se ciernen sobre el hombre en el siglo XXI. Por una parte, encuentro suficiente fuerza en los motivos arendtianos para esclarecer la enorme trascendencia del 11-S, que marca una época, y la calamitosa respuesta de Estados Unidos; por otra parte, critico los cuasiarentdianos aunque profundamente defectuosos esfuerzos hechos por Paul Berman, John Gray y Michael Hardt y Antonio Negri para teorizar sobre los peligros del presente. Procuro aprender de sus pasos en falso y concluyo esbozando otro modo de hacer nuestro el legado de Arendt, un modo que ponga en claro maneras de negar la humanidad que ella tal vez no pudo imaginar, pero a las que nosotros debemos enfrentarnos en los momentos actuales.
El capítulo 9 reemprende los temas centrales de este libro. En una entrevista originariamente publicada en Theory, Culture and Society (16 de marzo de 2006), mi encuentro con Kate Nash y Vikki Bell constituye un coloquio de amplio alcance sobre «la política del enmarque». Estimulada por sus reflexivas preguntas, relaciono mis ideas sobre la justicia con un diagnóstico de la coyuntura presente, por un lado, y con una visión de la función del teórico crítico, por otro. Situando mi giro hacia la representación en relación con los conflictos actuales por la globalización, sopeso las posibilidades de una solidaridad transnacional, la asignación democrática del marco y los proyectos emancipadores de transformación social. Esta entrevista, que tiene en cuenta tanto la imagen de la balanza como la del mapa, ofrece algunas reflexiones personales y conceptuales sobre las escalas de justicia.
Esta problemática impregna el conjunto del libro y también lo hace un estilo de teorización crítica forjado a través de encuentros con diversas tradiciones, que demasiado a menudo se han visto como antitéticas. Influida tanto por la filosofía política analítica como por la teoría crítica de raíz europea, aspiro a lo largo de la obra a relacionar la teorización normativa relativa al «debe» con la Zeitdiagnose que capta el «es». Comprometida también tanto con la crítica de las estructuras y las instituciones como con el giro lingüístico, pretendo vincular los elementos diversos del poder social a la gramática de la reclamación política. Inspirándome, por último, tanto en la teorización posestructuralista agonística como en la ética habermasiana del discurso, procuro a lo largo de la obra combinar el interés por momentos de apertura, cuando las ideas hegemónicas se rompen y las injusticias ocultas eclosionan, con el interés por momentos de cierre, cuando nuevas maneras de entender las cosas, fraguadas en la lucha y la discusión, galvanizan los esfuerzos públicos por remediar la injusticia. Con el convencimiento de que ninguno de estos enfoques por sí solo puede tratar de resolver adecuadamente las cuestiones que aquí se abordan, intento integrar los puntos fuertes de cada uno de ellos en el más amplio género de la teorización crítica.
